EL CAMBIO JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN ECUADOR RESPECTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CUANDO EXISTE UNA DEMANDA PREVIA EN VÍA JUDICIAL ORDINARIA

Abstract

La presente investigación se centró en determinar las limitaciones sobre el cambio jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador para la presentación de una acción de protección que contenga los mismos actos, hechos y pretensiones que una demanda en vía judicial ordinaria. Para ello, se diagnosticaron los elementos sobre los cuales basan sus criterios los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia Nº 2901-19-EP/23 sobre cambio jurisprudencial a la acción de protección, para luego, identificar los requisitos para la presentación de acción de protección por su naturaleza no subsidiaria y finalmente, se estableció la procedencia de la acción de protección en el Ecuador y sus antimonios jurisdiccionales. Los referentes teóricos estuvieron constituidos principalmente por Juárez y Zamora (2022); Vallejo (2021) y Landázuri (2019). La metodología se enmarcó en el enfoque cualitativo, diseño hermenéutico jurídico y dogmático. Las unidades de análisis quedaron determinadas por la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional vigente (2024), además de sentencias que contienen similitud en su desarrollo sobre el tema expuesto. La técnica de recolección de información fue la revisión documental y los documentos. La validez quedó determinada en el proceso de recolección y análisis de la información, la cual fue procesada cualitativamente. Los resultados evidenciaron que la Corte Constitucional del Ecuador permite nutrir el marco legal en cuanto a la diferenciación sobre demandas que puedan ser procedentes para la garantía jurisdiccional de acción de protección y otras que puedan ser impugnadas en la vía judicial con el fin de agilizar los procesos legales y evitar sobrecargar los tribunales del país, no obstante el criterio generalizado de los jueces es instar a reconocer que es necesario implementar políticas públicas sobre reforma de leyes que coadyuven a conocer con certeza los límites de la interposición de demandas donde se encuentren involucradas directamente derechos constitucionales.