LA PRUEBA EN GARANTIAS JURISDICCIONALES

Abstract

La prueba en garantías jurisdiccionales tiene como objetivo principal investigar los criterios y elementos que afectan la admisión y la ejecución de pruebas en el marco de las garantías jurisdiccionales según la legislación ecuatoriana. Utilizando un método cualitativo contemplando un diseño hermenéutico analítico constituido por un paradigma interpretativo con un enfoque dogmático jurídico. Se examinan los principios esenciales que rigen las pruebas en estos procesos legales, subrayando su impacto en las normas, doctrina y jurisprudencia en la práctica real. Se llevará a cabo un estudio exhaustivo de la normativa ecuatoriana, enfocándose particularmente en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el Código Orgánico General de Procesos. También se tomarán en cuenta los fallos de la Corte Constitucional que han moldeado la interpretación y el uso de pruebas en estas garantías jurisdiccionales. Nuestra investigación mostrará que la falta de reglas concretas sobre la aplicación y evaluación de pruebas en estos procesos ocasiona inconsistencias en el sistema de justicia. Se identificarán desafíos significativos, como la disparidad en los criterios de los jueces, la amplia libertad de los magistrados y la falta de orientaciones normativas precisas. En este contexto, el estudio destaca la necesidad urgente de establecer criterios claros que garanticen la seguridad jurídica, el cumplimiento del debido proceso y la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales. Los hallazgos resaltarán la importancia de las pruebas como un elemento esencial para proteger los derechos constitucionales. Se concluye que una regulación más precisa sobre el uso de pruebas en las garantías jurisdiccionales contribuiría a una mayor certeza jurídica y equidad procesal. Se propone llevar a cabo verificaciones legales que regulen de manera más estricta la aceptación, valoración y carga de la prueba en estos procedimientos, asegurando su correcta aplicación en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.