EFECTOS JURÍDICOS DE LA CANCELACIÓN DE OFICIO DE UNA OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO DEL CATASTRO PÚBLICO DE MERCADO DE VALORES

Abstract

El presente trabajo de investigación, examina detenidamente los efectos jurídicos de la cancelación de oficio de una oferta pública de obligaciones a largo plazo en el Catastro Público de Mercado de Valores. El propósito de la investigación es identificar y analizar los efectos legales que surgen de dicha cancelación, con particular énfasis en las consecuencias regulatorias que pueden afectar tanto a las entidades emisoras como a los inversionistas. Para el desarrollo del estudio se utilizó como metodología de la investigación el paradigma dogmático con un enfoque cualitativo y diseño hermenéutico. La unidad de análisis que se utilizó son los siguientes documentos y normas: Constitución de la República del Ecuador de 2008; Código Orgánico Monetario y Financiero. Libro 2: Ley de Mercado de Valores de 2014; y, Código Civil, año 2005. Las técnicas empleadas fueron: revisión y recolección documental jurídicas. Es así que, los resultados destacan que la cancelación de oficio tiene repercusiones legales y financieras significativas para las entidades emisoras y los inversionistas. Se observa que las responsabilidades contractuales persisten tras la cancelación, y que el Representante de los Obligacionistas desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de los inversionistas. Asimismo, se revela que la cancelación puede conducir a sanciones administrativas para los emisores y limitar las opciones de los inversionistas para negociar estos valores en el mercado. En este trabajo se resalta la importancia de establecer procedimientos claros y transparentes para la cancelación de oficio, con el fin de proteger adecuadamente los intereses de los inversionistas y mantener la integridad del Mercado de Valores. Esta investigación enfatiza la necesidad de contar con una normativa precisa y efectiva en la gestión de los procesos de cancelación, a fin de prevenir potenciales vulneraciones de los derechos de los inversionistas y asegurar que sea eficiente y equitativo.