EL DERECHO AL DESCANSO DE LOS SERVIDORES POLICIALES DEL ECUADOR

Abstract

Esta investigación se centró en analizar el derecho al descanso de los Servidores Policiales establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales, para ello en primer lugar se diagnosticaron los elementos que intervienen en el derecho al descanso, para posteriormente describir la función de los Servidores Policiales, y finalmente se realizó un estudio comparativo entre las legislaciones ecuatoriana y peruana, respecto al derecho al descanso de los mismos. Los referentes teóricos quedaron determinados principalmente por Romero (2021) y Zevallos (2018). La metodología se enmarcó en un enfoque cualitativo, diseño hermenéutico jurídico, dogmático. Las unidades de análisis estuvieron constituidas por leyes nacionales e internacionales de las cuales se resalta la CRE, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y el Reglamento de Carrera Profesional para las y los servidores policiales. La técnica de recolección de información fue la revisión documental, siendo los instrumentos los propios documentos. La validez buscó que los resultados obtenidos expongan un contenido claro, y la información fue procesada a partir de un análisis cualitativo. Los resultados obtenidos determinaron que los Servidores Policiales al cumplir sus funciones para precautelar el orden público y la seguridad ciudadana trabajan más de las 8 horas diarias y 40 horas semanales, obviándose el derecho al descanso debido a que no se configuran todos los elementos de este para una adecuada protección. Se concluyó que en Ecuador se vulnera el derecho al descanso a los Servidores Policiales, ya que la Institución Policial no implementa una rotación de turnos de trabajo equitativa entre su personal, ni compensa económicamente por las horas extras trabajadas para garantizar derechos constitucionales.