LA MOTIVACIÓN COMO GARANTÍA FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA

Abstract

La motivación como garantía fundamental del debido proceso constituye un elemento esencial en la administración de justicia ecuatoriana, asegurando transparencia, legitimidad y el derecho a la defensa. El propósito principal de esta investigación fue analizar la motivación dentro del debido proceso en Ecuador, evaluando su evolución normativa y jurisprudencial, así como su impacto en la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales; para ello, se realizó una revisión exhaustiva de la doctrina y la normativa vigente, incluyendo la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico General de Procesos y diversas sentencias de la Corte Constitucional, como la No. 1158-17-EP/21, No. 2023-17-EP/22 y No. 1361-17-EP/23. Metodológicamente, se empleó un enfoque cualitativo basado en el análisis documental, enmarcado dentro del paradigma jurídico dogmático y el paradigma de investigación interpretativo, permitiendo examinar la evolución de la motivación y su aplicación en la jurisprudencia ecuatoriana. Asimismo, se utilizó el método hermenéutico, el cual facilitó la interpretación de normativas, doctrinas y sentencias relevantes para comprender la transformación de la motivación en el sistema judicial ecuatoriano. Los principales hallazgos revelan que la motivación ha pasado de ser una exigencia formal a consolidarse como un derecho reforzado mediante reformas normativas y decisiones jurisprudenciales, garantizando así mayor transparencia, equidad y seguridad jurídica en la administración de justicia. Es así que, la eliminación del test de motivación en 2021 marcó un cambio significativo, permitiendo una evaluación más flexible y contextualizada de la suficiencia argumentativa en las resoluciones judiciales. A consecuencia de lo anterior se concluye que la motivación es clave para garantizar un debido proceso efectivo, ya que evita la arbitrariedad y fortalece la confianza en la administración de justicia.