LA APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PENAL COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL POR DAÑOS MATERIALES EN DELITOS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 2022

Abstract

La presente investigación se centró en el análisis de los principios de conciliación, en relación con el principio de mínima intervención penal y su efecto en los delitos de tránsito por daños materiales. Para ello, se estableció doctrinal y normativamente la conciliación penal y el principio de mínima intervención en Ecuador, para posteriormente, identificar los procesos que por daños materiales han sido solucionados a través de la figura de conciliación, y finalmente determinar las ventajas de aplicar la figura de conciliación en relación con el tiempo de resolución de conflictos en el Ecuador. Los referentes teóricos estuvieron determinados principalmente por Montoya (2019), Sánchez (2021) y Marquez (2008). La metodología se enmarcó en un enfoque cualitativo, diseño hermenéutico jurídico. Las unidades de análisis estuvieron constituidas por la Constitución del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los sujetos de la investigación quedaron determinados por los fiscales de la Unidad de Tránsito del sector la Pradera. Las técnicas de recolección de información fueron, la revisión documental y la entrevista, mientras que los instrumentos de recolección de información fueron los propios documentos y un guion respectivamente. La validez quedó determinada en el propio proceso de recolección y análisis cualitativo de la información. Los resultados arrojaron que la conciliación en el proceso penal, en el ámbito de daños materiales en el área de tránsito, constituye una alternativa eficaz y eficiente para la solución de controversias, en este sentido, resulta beneficioso para las partes intervinientes. Se concluyó que la conciliación permite aplicar sus principios, como el de mínima intervención penal y celeridad, eso hace que se utilice el derecho penal como última ratio, destacándose como beneficio la descongestión del sistema judicial ordinar